Sistema de Cuidados como política pública

En América Latina las mujeres dedican casi tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Están ocupadas de manera informal dentro del hogar, cuidando a niñas, niños entre 0 a 5 años, así como a personas adultas mayores o con discapacidad, según la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta situación ocasiona que dejen de estudiar y trabajar, por tanto, al pasar el tiempo no acceden a una remuneración justa. En el 2023, el 26.3% de las mujeres de la región no contaba con ingresos monetarios propios frente al 10.1% de los hombres. Esta situación limita la autonomía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos.

Sucede que, dentro del hogar y ante la insuficiente oferta de servicios que apoyen a las mujeres en su rol de cuidadoras, se genera una brecha que las excluye del mercado laboral. Esta situación se denomina “la economía del cuidado” que incluye tanto el trabajo doméstico no remunerado como el remunerado. El primero generalmente lo realizan las mujeres dentro de la familia y el segundo, lo practican mujeres mayores de 15 años. En Perú las mujeres que ejercen el rol del cuidado dentro del hogar representan el 5.2% siendo afrodescendientes; 3,5 % son indígenas y el 4,8% no son indígenas ni afrodescendientes, según CEPAL 2023. 

En la reciente presentación de la publicación “Lineamientos para políticas de cuidado, desde una perspectiva de género, territorial e intersectorial” de la CEPAL se analiza el pulso de la región sobre la necesidad de políticas de cuidado. Un tema que agudiza esta necesidad es que cada vez más se incrementa la esperanza de vida en la región. Esta situación provocará el aumento de adultos mayores que requieran cuidado. Entonces, el Estado debería prever este escenario y generar políticas de protección tanto para el cuidador como para la persona que recibe los cuidados. Será imprescindible que la oferta pública implemente servicios que permitan a las mujeres cuidadoras acceder a tiempo de calidad para autocuidarse, estudiar y/o trabajar, de acuerdo a sus preferencias y necesidades. Indudablemente también deberá brindar protección efectiva a la persona que recibe los cuidados con políticas públicas adecuadas a las necesidades de cada territorio y de cada población.

Los gestores de desarrollo humano, sabemos que en un mismo territorio pueden converger diferentes estrategias para el abordaje del cuidado. La coordinación entre los niveles locales y regionales, la descentralización de políticas del cuidado y la implementación de políticas del cuidado territorializadas son una agenda pendiente para el país. Se debería incorporar la agenda del cambio climático y la degradación ambiental que son desafíos para la adecuada operativización de estas políticas. Recordemos que cada vez que se produce una inundación u otro desastre, son los niños, las niñas, los adultos mayores y las personas con discapacidad quienes más padecen y requieren la protección de sus derechos.

En este sentido, cobra preponderancia la gestión local, debido a que quien conoce bien a las personas que cuidan y requieren cuidados, son las personas del barrio. La participación de la población es crucial para operativizar una estrategia de vigilancia comunitaria que se articule con el municipio y las brigadas de voluntarios que deberían estar actuando en el territorio, antes del incidente. Las alianzas público-privadas pueden ser el vínculo que sustente el desarrollo e implementación de estas políticas del cuidado en el territorio. Se trataría de una estrategia de “Promoción de la Salud” con un abordaje sistémico que articularía al Estado con la población en el territorio a través de los municipios y los servicios públicos de salud, educación y empleo, para iniciar.  También representa la oportunidad para formalizar el cuidado y convertirlo en una forma de empleo con una remuneración acorde a las acciones realizadas que brinde trabajo digno a las cuidadoras. Las universidades podrían en acuerdo con los gobiernos locales y regionales ofrecer certificaciones que permitan la profesionalización de esta actividad.

El cuidado es una tarea para todos los actores siendo el Estado responsable de evitar la pérdida de capital humano y de erradicar las brechas que reducen la productividad de la mujer. Se trata de entender que la política del cuidado corresponde a que todos los actores de la sociedad asuman su responsabilidad en el cuidado del otro, aunque no sea de su familia. Esta responsabilidad implica la real creación de una cultura del cuidado, donde cada persona e institución pública como privada debe involucrarse por el sentido de fomentar un bien mayor: el cuidado como forma de vida y transcendencia social.