A días de que suceda la denominada tercera “Toma de Lima’ comenzamos a reflexionar sobre las demandas, algunas justificables (como las de ámbito social), de quienes vienen a la capital a protestar. Pero también cobra mucha fuerza la idea de que, si bien somos una nación donde reside el derecho a la libertad de reunión y/o protesta pacífica, estas deben darse respetando los derechos de los demás a circular libremente por el territorio, sin afectar el derecho de terceros, el derecho a la seguridad, la propiedad privada o cualquier acto de violencia contra la autoridad. Lamentablemente ello no ha sucedido en los últimos años y no me refiero únicamente a la Toma de Lima.
En su Compendio anual estadístico presentado en el 2022, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Economía y Finanzas, indicaron cifras alarmantes respecto a temas que son competencia de las autoridades que no están más, las actuales y probablemente de las que vengan.
En su investigación dieron a conocer que la población de 15 a más años ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses en diversos distritos de la capital, indicando que solo en Lima Metropolitana, el 89.4% de la población de 15 a más años, vive con percepción de inseguridad al momento de salir a la calle. Lima está tomada por la inseguridad y la delincuencia.
Para reforzar esta narrativa, como uno de los indicadores de que en Lima se haya disparado con velocidad inimaginable la delincuencia, está el lineal crecimiento de la pobreza. El 26,9 % de habitantes de Lima Metropolitana son pobres (2 413 995), mientras que el 2,8 % (279 016 habitantes) vive en la extrema pobreza, según INEI (2022). Esto es bastante preocupante porque apenas en el 2018, hace 5 años, la pobreza en Lima era de 12.8%, y si bien la pandemia ha tenido parte del protagonismo del incremento de estas cifras, se ha triplicado la proyección de crecimiento de la pobreza, uno de los principales causantes del incremento de la inseguridad ciudadana, traducida a delincuencia, robos y hurtos en diversas zonas de la capital.
Dicho esto, pareciera que la “Toma de Lima” sí podría tener un final, sea por algún acuerdo o porque sus líderes se aburrirán y se pondrán a trabajar. Pero no podremos decir lo mismo de la inseguridad ciudadana, pues está proyectada a que en los próximos años sea la principal preocupación de quienes vivimos en la capital. Y si bien la principal razón de ser del Estado es proteger a los habitantes, esto no ha estado sucediendo por casi media década.
Ha habido avances para mejorar nuestro sistema de seguridad, sí, tales como la ley que establece como deber de los ciudadanos extranjeros en nuestro territorio, respetar el marco normativo vigente, en especial en lo referido al orden público, orden interno, seguridad nacional, seguridad ciudadana y las disposiciones sanitarias y ambientales. Otra ley que se considera útil ante este problema es la aprobación de la norma que tiene como objetivo empadronar y amnistiar a aquellas personas que cuenten con armas de fuego y municiones de uso civil no registradas, que no cuenten con tarjeta de propiedad o licencia.
Y finalmente, la cuestionada al punto de ser aprobada por insistencia, ley que autoriza el uso de armas no letales por parte de miembros del serenazgo, de la cual solo el tiempo y su buena o mala ejecución nos permitirá conocer si fue una solución o un balazo en la cabeza
Entonces, existen soluciones, hemos avanzado, pero el problema no retrocede. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles, a quienes realmente les compete administrar y ejecutar de forma correctas este tipo de leyes, por ejemplo, aun no logran encontrar la fórmula para poder combatir las complejas cuestiones de seguridad. Muchos exgobernantes han carecido de enfoque y criterios sobre fenómenos productores de inseguridad, en dimensiones y velocidades sin precedentes. No existe una visión que integren lo global y lo local de nuestra seguridad y probablemente esto siga empeorando.
Este 19 de julio se realizará la “Tercera Toma de Lima” y ya se encendieron las alarmas en el sector turismo del Cusco. Esto tras el anuncio del presidente de la Cámara de Comercio de dicha región, John Gonzales, quien denunció que, pese a que el evento aún no se ha realizado, su mensaje amenazante ha repercutido a una magnitud de noticias internacionales al punto que algunas agencias de viaje extranjeros han comenzado a retirar al Cusco (máximo representante turístico del Perú) de su oferta de viajes. Este tipo de noticias, que ente líneas tienen la palabra inseguridad ciudadana, sumado a todo lo narrado, solo nos hace retroceder más de lo poco que habíamos avanzado post una pandemia mundial y un golpe de Estado. Aun así, esperamos lo mejor.