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Fraude real o politizar la justicia

Víctor Flores Ruíz

Congresista de la República del Perú


La crisis de la justicia en el Perú es un tema que preocupa profundamente a todos los ciudadanos. Uno de los principales problemas que aqueja al sistema judicial es la creciente politización que se ha apoderado de este en los últimos años.



La injerencia política en los asuntos de la justicia ha socavado gravemente la independencia y la imparcialidad que deben ser pilares fundamentales de un sistema judicial sólido y confiable. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo los intereses de las ONG y sus influencias en el Poder Judicial y la Fiscalía  han permeado e infiltrado, de manera muy rampante y rapaz,  las instituciones encargadas de impartir justicia.


Este fenómeno, cuyo manejo y titiriteo  ha estado bajo las maniobras de los denominados "caviares" ha tenido consecuencias nefastas para la credibilidad del sistema y la confianza de la ciudadanía.

Estos, los caviares o huevos de esturión, nunca han ganado una elección y no le han ganado a nadie en una contienda electoral; sin embargo, hacen y deshacen en el manejo de la justicia y diría que ellos son los que digitan e imparten la misma.

Por supuesto, de cuerdo a sus  intereses, los que están alineados casi siempre con los acuerdos del socialismo del siglo XXI y la agenda 2030.

De eso hablaremos en otro artículo.

 

Los peruanos vemos con mucha preocupación este manejo torpe y muy negativo actuar en contra incluso de la constitución.

El creciente desaliento está en aumento al ver cómo casos de resolución, aparentemente fácil,  se resuelven en función de intereses políticos y no de la aplicación imparcial de la ley. Esto ha generado un clima de desconfianza y escepticismo hacia el Poder Judicial y la Fiscalía, mermando o mellando gravemente su legitimidad.


Pero el problema de la politización de la justicia va más allá de los casos mediáticos. En la raíz del problema se encuentra un sistema que ha sido construido para favorecer la injerencia política, con mecanismos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales que carecen de la debida independencia y transparencia.


Para recuperar la confianza de la ciudadanía, es urgente emprender reformas profundas que garanticen la autonomía e imparcialidad del sistema judicial. Esto implica, entre otras cosas, la implementación de concursos públicos y meritocracia en la selección de magistrados, así como la creación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano.

Debe crearse una Escuela de Magistrados donde se preparen con una exigencia al límite y un rigor especial para que solo así sean elegidos  los mejores, a diferencia de ahora que lamentablemente los elegidos ni siquiera llegan al tercio superior universitario. Es más, muchas veces son los que están en la cola de la tabla o han sido los de peor performance de estudios o de rendimiento intelectual en su facultad de Derecho.

Con profesionales de este nivel realmente no llegamos a ningún sitio; incluso se ha dado el caso que su preparación de postgrado fue financiada o subvencionada por las ONG citadas anteriormente.


La politización de la justicia es un problema que nos atañe a todos los peruanos. Debemos exigir y trabajar por una justicia verdaderamente independiente, que esté al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares,  políticos o de revanchismo irracional,  con deseos de desaparecer a los adversarios.

Si desean hacer política que entren a la cancha y compitan cara a cara, ahí veremos quién es quién. ¡El elector VOTARÁ LO MEJOR  o BOTARÁ LO PEOR!


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