El presidente de la República debe firmar la autógrafa de la Ley N.° 12275

Más de 3,000 docentes universitarios están en espera

Una comisión de docentes universitarios, representantes de más de 3,000 profesores, de todo el Perú, visitaron este diario. Ellos están luchando para que el presidente de la República, José Jerí, firme la autógrafa de la Ley N° 12275, que fue aprobada por amplia mayoría en el congreso de la República, el 3 de diciembre de este año. La Ley N° 12275 aclara y corrige los artículos 82 y 83 de la actual Ley Universitaria N° 30220, en el sentido de que, esta ley puede ser aplicada de manera retroactiva a los docentes que iniciaron su carrera con la anterior Ley Universitaria N° 23733. 

Los docentes manifestaron que la Ley N° 12275, aprobada recientemente por el congreso, está amparada por la Constitución Política del Perú, que en su artículo 103 establece que “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos”. También expresaron su indignación, ya que algunos medios de comunicación, principalmente caviares, han emprendido una campaña tendenciosa, que busca desinformar a la ciudadanía.

La Ley N° 12275 es una corrección jurídica necesaria, pues reconoce que los docentes que ingresaron a la carrera durante la vigencia de la Ley 23733 lo hicieron cumpliendo estrictamente los requisitos legales de su tiempo. Aplicar retroactivamente nuevas exigencias bajo amenaza de despido a profesionales con décadas de servicio vulnera principios constitucionales básicos. La Ley N° 12275 restaura el respeto al Estado de derecho, a la carrera docente, y promueve que, de manera adicional a los grados académicos, también se valore la experiencia docente como garantía de aseguramiento de la calidad.

Los docentes manifestaron que no existe contradicción entre sus derechos fundamentales y la calidad de la educación. Al contrario, la calidad de la educación constituye, en todo momento, el centro de la función docente, que debe medirse con los grados académicos, pero, también con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en el ejercicio profesional y en la actividad docente, como es la actividad académica, de investigación, y las actividades de responsabilidad social universitaria, llevadas a cabo en la formación de los profesionales que requiere nuestro país.

A ello, agregaron que en el país se adolece de una oferta pertinente para muchas ramas de la ingeniería, medicina y otras ciencias aplicadas, en las cuales no existen posgrados específicos. En ese sentido, lo que se está generando es una tergiversación, pues se obliga a un especialista técnico a seguir una maestría o doctorado genérico (por ejemplo, en administración, o gestión) tan solo para "cumplir con la ley", pero que no mejora su enseñanza. En ese sentido, los que se estaría consiguiendo es “burocratizar el currículum”. Sostuvieron que, al contrario, de lo que se trata es de valorar la especialización, pues la calidad también reside en las segundas especialidades, en certificaciones internacionales y en la actualización profesional constante, que el modelo actual invisibilidad injustamente.

EL ESTADO EXIGE LO QUE NO CUMPLE 

La Ley N° 30220 es una especie de contrato social no cumplido, porque contiene mayores exigencias, pero a cambio de la Homologación de Haberes. El Estado ha incumplido sistemáticamente este mandato. No preguntamos: ¿Cómo se puede exigir a los docentes universitarios que financien doctorados costosos, de S/ 20,000 y hasta S/ 30,000, cuando sus sueldos no cubren la canasta básica familiar. Por lógica elemental, cómo es posible exigir excelencia académica sostenible sobre la base de la precariedad salarial.

EN CONCLUSIÓN

El presidente José Jerí debe firmar la autógrafa de la Ley N° 12275, pues la verdadera calidad en la educación superior universitaria implica la valoración de la experiencia académica y la dignidad de estos docentes, que en su mayoría son los más antiguos de la universidad peruana. La aprobación de la Ley N° 12275 permite retener el talento y la experiencia de estos docentes que han sostenido la universidad pública, por muchos años, y en sus momentos más difíciles.