Conversamos con la congresista de Acción Popular y Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para conocer su punto de vista sobre el informe de la CIDH y las medidas que planea impulsar desde el Congreso a consecuencia de este documento.
¿Cuál es su opinión sobre el informe de la CIDH?
Es vergonzoso, ese informe. La CIDH se ha convertido en una especie de ONG que llega a conclusiones sesgadas a partir de la visión de sólo una parte. Las investigaciones tienen que ser imparciales y transparentes, pero no se puede ocultar que en las protestas hubo actos de terrorismo y concertación del vandalismo para tomar aeropuertos de manera simultánea, además de tomar carreteras, quemar sedes judiciales y del Ministerio Público y también atacar a la propiedad privada. Todo ha sido organizado y dirigido, en un escenario de emergencia. Lamentable que la CIDH sólo vea una parte.
En los últimos días se ha desatado una polémica por la postura de la presidenta Boluarte frente a este informe. Se dice que está buscando distanciarse de las fuerzas del orden para evadir responsabilidades. ¿Cómo entiende la postura de la presidenta? ¿Constitucionalmente, por ser Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no debería tener una responsabilidad?
Siempre es importante tener desde el gobierno una comunicación adecuada hacia la población. Entiendo que hubo una rectificación en las declaraciones. Las responsabilidades se asumen cuando se asume un cargo, pero en este caso, hay que tener una visión completa de lo que pasó en nuestro país e individualizar las responsabilidades si fuera el caso. Pero tenemos que respaldar institucionalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, que cumplen su responsabilidad y a veces son tratados injustamente. Tampoco hay que perder la perspectiva sobre los actos de terrorismo que tuvieron que enfrentar durante las protestas posteriores al 7 de diciembre.
A nivel de Latinoamérica, ¿qué rol han tenido los presidentes de países de izquierda en la visión que se proyectó de lo que pasó en nuestro país en diciembre del año pasado y enero de este año?
Está claro que para algunos presidentes como el de México o el de Colombia, han perdido a un aliado con la caída del golpista Pedro Castillo. Yo siempre he insistido en la necesidad de reforzar la comunicación hacia la comunidad internacional, para contar la verdad, porque la posición de algunos presidentes como los mencionados nos hace mucho daño internacionalmente.
En el contexto de este informe, ¿Qué medidas se están tomando o se pueden tomar desde la Comisión que usted preside y desde el Pleno en defensa de la verdad y la democracia?
La Comisión de Relaciones Exteriores, como todas las comisiones del Congreso de la República, está integrada por representantes de todas las agrupaciones políticas. Evidentemente, en democracia, no todos piensan lo mismo.
Tomando lo anterior como premisa, hay que considerar que existen diversas posiciones políticas y académicas sobre la reacción que puede tomar el Perú frente a este informe. Desde aquellos que creen que hay que ignorarlo, hasta quienes creen que hay que devolverlo; e, incluso, algunos creen que hay que ir más allá y desligarnos del sistema interamericano.
Lo cierto es que en el informe se recoge una serie de recomendaciones que, a la luz de lo señalado en el artículo 118.11 de la Constitución, corresponde al Ejecutivo evaluar, para decidir qué es rescatable y qué no. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores, dentro de su función de control político, solicitará al Ejecutivo que informe cuáles son las acciones que tomarán para, en función de eso, evaluar posibles respuestas desde el Congreso de la República.
¿Cómo describiría usted lo que sucedió en nuestro país entre diciembre del año pasado y enero de este año?
El 07 de diciembre del 2022, el entonces Presidente de la República, Pedro Castillo, dio un golpe de Estado. Pese a eso, la respuesta de todas las instituciones públicas y de las FFAA y PNP, ceñidas a sus respectivos mandatos constitucionales, fue contraria al quebrantamiento de la democracia. De esa manera, se evitó que el señor Castillo continúe con la instauración de un régimen dictatorial.
Posteriormente, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso de la República, cumpliendo con la Constitución y las leyes, determinaron respectivamente la detención en flagrancia y prisión preventiva del golpista, así como su vacancia. Esto, dio paso a la aplicación de las normas constitucionales sobre sucesión en la presidencia de la república, que llevaron a la señora Dina Boluarte a asumir la presidencia del Perú.
Siempre lo dije: Hubo un plan de sectores radicales que no se quedaron sólo en la protesta, sino que llegaron a actos de terrorismo que son inaceptables. Quisieron recuperar el poder por la fuerza y ahora buscan otros mecanismos para poder hacerlo. Tenemos que seguir alertas para seguir defendiendo la democracia y la institucionalidad.
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