Figuras políticas exigen la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras admitir la demanda del temido líder terrorista.
La CIDH ha aceptado la demanda de Víctor Polay Campos, antiguo líder del MRTA, quien acusa al Estado peruano de violar sus derechos legales y busca una reparación civil. Esta decisión ha generado un debate en las redes sociales y ha llevado a figuras políticas, como la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a expresar su descontento con la CIDH.
Keiko Fujimori señaló que la CIDH ha protegido a terroristas y perjudicado a presidentes peruanos en el pasado, citando el caso de Alberto Fujimori. La legisladora Patricia Juárez también exigió que Perú, como nación soberana, reconsidere su membresía en esta corte supranacional debido a su aceptación de la demanda de Polay.
A su vez, el exdirector de la Dircote, Héctor Jhon Caro, ha solicitado la retirada de Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que esta entidad admitiera la demanda presentada por el exlíder del MRTA, Víctor Polay, contra el Estado peruano. Caro afirmó que Víctor Polay Campos es un terrorista de alto rango que está aprovechando la percepción de que la justicia peruana lo ha tratado injustamente.
Por otro lado, José Luis Gil, exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), también cuestionó el proceso a favor de Polay y sostuvo que los condenados por terrorismo buscan indemnizaciones y perjudicar a las fuerzas de seguridad.
Gil destacó su oposición a que Perú continúe en la CIDH, argumentando que el país no la necesita y comparando la situación con la de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha optado por no formar parte de la CIDH.
La demanda en favor de Víctor Polay Campos fue presentada el año pasado por el exministro Javier Valle Riestra y los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit, así como por sus familiares Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay. El propósito de la demanda es evaluar si las autoridades judiciales han violado las obligaciones estipuladas en la Convención, como el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad y el derecho a la protección judicial, sin determinar la culpabilidad o inocencia de Polay Campos.
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