Otro crimen que conmueve a todo el país, una niña de doce años ha sido asesinada. Y no, no es la primera vez que pasa ni será la última si seguimos con la misma estrategia de “soluciones rápidas”. ¿Qué pasó? La presidenta Boluarte, en una conferencia de prensa lanzó una idea tan vieja como inútil: la pena de muerte para violadores de menores. Suena bien para los titulares, por supuesto, suena fuerte en la televisión, y es seguro que parte del público aplauda este pedido con entusiasmo. Pero, ¿alguien ha considerado si esta medida es realmente viable o es solo una estrategia para que nuestra atención cambie de dirección?

En su mensaje, Boluarte fue explicita: “No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”. Y tiene razón, no deberíamos. Pero la pena de muerte no evitará que ronden por las calles. Para comenzar, debemos capturarlos, procesarlos y condenarlos. En todo ese proceso está el problema. ¿Cuántos violadores a menores de edad han ingresado a la cárcel con una condena ejemplar este año? Muy pocos. Porque el verdadero cáncer de este país no es la falta de severidad en las condenas, es el blindaje y la impunidad. Pero claro, hablar de eso aburre y no es popular.
El show del Pacto de San José
Para que la solicitud de Boluarte se ejecute, el Perú tendría que salir del Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no es un “salgo y ya está”. Esta medida demanda acciones, tiempo y genera consecuencias. Primero, hay que notificar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y, por si no lo sabían, el retiro no se hace efectivo de inmediato. Hay que esperar mínimamente un año completo para que se efectúe. Así que, mientras el Gobierno pregona justicia rápida, la burocracia internacional sería la que demuestra que lamentablemente la justicia nunca es tan rápida como nos gustaría.
Pero no es solo tiempo lo que está en juego. Salir del Pacto de San José significa que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú no podrán llevar sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Adiós a la posibilidad de justicia internacional. Claro, para los ciudadanos de a pie, esto podría sonar algo irrelevante, pero ¿qué pasa si un día eres tú o tu familia la que necesita esa corte? Pues, mala suerte. Ya no habría forma de acceder a ello.
Esta salida tendría un costo político. El Perú sería visto ante el mundo como un país que no respeta los derechos humanos. No es casualidad que los países que han abandonado este tratado sean gobernados por líderes autoritarios. ¿Vamos a unirnos a ellos? Eso sin mencionar que el retiro de la Corte IDH puede abrir la puerta a otros abusos de poder, porque sin un “ojo internacional” vigilando, ya sabemos lo que pueden hacer ciertos gobiernos.
La trampa de la “justicia rápida”
Supongamos que el Perú se retiró del Pacto de San José, y el presidente (sea o no Boluarte) se sienta frente a una ley que le permite aplicar la pena de muerte. ¿Qué seguiría? Lo más trágico: que sería el sistema judicial peruano quien decida quién vive y quién muere. Estamos hablando del mismo sistema que demora años en resolver casos de corrupción, que libera a los culpables por “errores de forma” y donde cada vez que hay un caso mediático, los juicios se alargan eternamente. ¿Realmente queremos poner el destino de la vida de alguien en manos de un sistema que no puede sancionar correctamente el robo de celular?
Y si por algún error se condena a un inocente, simplemente no hay vuelta atrás. No habrá compensación que pueda pagar este daño. Las ejecuciones no permiten “disculpas, nos equivocamos”. ¿Podemos vivir con esa carga?
Países con la pena de muerte, como Estados Unidos, han liberado a decenas de personas inocentes después de haber pasado años en el corredor de la muerte. Y esos son países con recursos y tecnología de punta. Imaginen lo que podría pasar en el Perú.
Hay que decirlo por más impopular que sea: aplicar la pena de muerte no erradicará la delincuencia. La mayoría de las naciones que la aplican no tienen menos crímenes, y en el caso de Perú, donde el problema con la impunidad es letal, la pena de muerte sería como echarle pintura nueva a una casa con los cimientos podridos.
Pero claro, para muchos de nuestra clase política, proponer la pena de muerte les genera titulares. Es un discurso fácil de vender en tiempos de crisis, cuando la gente pide justicia inmediata y está harta de la inseguridad. Suena a solución, pero no resuelve nuestros problemas de fondo. ¿O alguien cree que los violadores temen a la pena de muerte? Si así fuera, Arabia Saudita y China, que aplican esta sanción, no tendrían ningún caso de abuso infantil. Spoiler: los tienen
¿Qué hacemos entonces?
Proteger a los niños y sancionar ejemplarmente a los violadores no está en la pena de muerte. Se requiere un sistema de justicia que funcione rápida y correctamente. Que los culpables sean capturados rápido, procesados de forma eficiente con pruebas sólidas que permitan darles una condena ejemplar. Deberemos trabajar para que la capacidad de la Policía mejore, para que las investigaciones forenses se agilicen, y se encuentre la formula para sancionar a los jueces corruptos que liberan delincuentes por “errores de forma” o que carecen de mano dura. Eso no es tan mediático ni tan atractivo, pero es lo que realmente funciona.
Si la presidenta Boluarte quiere ser recordada por cambios históricos, debe poner todas sus balas en reforzar el sistema justicia en lugar de presentarle novelas a una ciudadanía desalentada. Lo otro es puro populismo. ¿Justicia rápida? Claro, pero para eso hay que empezar por la captura, no por la ejecución. ¿O acaso alguien cree que, con pena de muerte, los violadores van a entregarse voluntariamente? Spoiler: no lo harán.
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