Venezuela se encuentra atrapada en las garras de una dictadura que se niega a soltar el poder. El 10 de enero de 2025 es una fecha decisiva para la democracia venezolana. Ese día, Nicolás Maduro planea juramentarse para un nuevo gobierno, ignorando el clamor de millones de venezolanos que en las elecciones del 28 de julio del 2024 le dijeron no a su gobierno, y desafiando la legitimidad que Edmundo González Urrutia, el verdadero ganador de las últimas elecciones en el país.
En esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que mágicamente, el repudiado Maduro obtuvo el 51.2% de los votos frente al 44.2% de González Urrutia. Pero aquí comienza la trama de la manipulación. El CNE, controlado por el régimen de Maduro, no publicó las actas de votación ni permitió auditorías independientes, lo que levantó sospechas en la oposición y en observadores internacionales. Pruebas presentadas por el equipo de González Urrutia demostraron que el candidato opositor habría obtenido realmente un 67% de los votos, un margen que representa el claro rechazo del pueblo venezolano al régimen de Maduro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la reelección de Maduro carece de legitimidad democrática, indicando que existieron irregularidades y violaciones de derechos humanos en ese proceso electoral. En otras palabras, no solo se le robó la elección a González Urrutia, sino que se le robó al pueblo venezolano la oportunidad de elegir su propio destino.
¿Por qué el 10 de enero es clave? Porque no se trata solo de un acto simbólico. Si Maduro logra mantenerse en el poder después de esa fecha, enviará un mensaje claro al mundo: la dictadura puede sobrevivir al peso de las evidencias, al rechazo popular y al aislamiento internacional. Para la oposición venezolana, liderada por González Urrutia, este es el momento para redoblar esfuerzos y consolidar el apoyo de la comunidad internacional.
¿Qué debería suceder el 10 de enero para que haya un verdadero cambio en Venezuela? Primero, el mundo debe alzar una sola voz en contra de esta juramentación ilegítima. Países que aún dudan, como Brasil, México y Colombia, deben dejar de lado sus posturas de izquierda extremista, y reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. Segundo, la OEA y otros organismos internacionales deben activar mecanismos de presión más contundentes, como sanciones específicas contra los altos mandos del régimen. Tercero, las democracias del mundo deben comprometerse a apoyar la organización de nuevas elecciones libres, con supervisión internacional y garantías plenas para todos los candidatos.
En este contexto, el papel de países como Perú es crucial. Sabemos muy bien lo que significa enfrentar amenazas contra la democracia. Nuestro país estuvo al borde del abismo cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. ¿Qué habría pasado si Castillo consumaba su golpe? Hoy, Perú podría estar viviendo el mismo drama que atraviesa Venezuela: un gobierno autoritario, el colapso de las instituciones, la represión y el éxodo de miles de compatriotas.
Nosotros, que hemos recibido a más de un millón de venezolanos que huyen de la miseria, sabemos mejor que nadie lo que significa la caída de un país hermano. Los venezolanos en Perú no solo han encontrado un refugio, también han contribuido enormemente a nuestra sociedad. Desde los mercados hasta los emprendimientos, han mostrado su resiliencia y su deseo de construir un futuro mejor.
La presidenta, Dina Boluarte, sostuvo una reunión virtual con Edmundo González Urrutia, en la que reconoció su liderazgo y expresó el respaldo de nuestro país a la causa democrática venezolana. Además, el canciller, Elmer Schialer, declaró en RPP que el Perú reconoce a González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, sumándose a países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Panamá en esta postura.
El respaldo que González Urrutia ha recibido de países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Panamá, así como de la OEA, demuestra que la comunidad internacional reconoce su liderazgo y apuesta por la democracia. La reciente reunión virtual entre la presidenta Dina Boluarte y González Urrutia reafirma que el Perú está del lado correcto de la historia, comprometido con la libertad y la justicia en Venezuela.
El 10 de enero debe ser un punto de inflexión. Permitir que el dictador Maduro continué en el poder sería normalizar lo inaceptable: una dictadura que ha destruido la economía, fracturado familias y forzado a millones al exilio. Por el contrario, rechazar su juramentación es reafirmar que América Latina no tolerará más caudillos que pisoteen la democracia.
Edmundo González hoy representa la posibilidad de que Venezuela inicie su reconstrucción. Pero para ello, necesitamos elecciones limpias, un sistema judicial independiente y el desmantelamiento de las estructuras corruptas que sostienen al régimen.
El 10 de enero no es solo una fecha en el calendario. Es una prueba para la democracia venezolana y para la comunidad internacional. Si fallamos en actuar ahora, el precio no lo pagará solo Venezuela; lo pagará toda América Latina. Pero si hacemos lo correcto, el 10 de enero será recordado como el día en que la dictadura comenzó a caer y el sueño de una Venezuela libre empezó a hacerse realidad.
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