La pandemia enseñó que la articulación de los sectores del Estado podía salvar vidas. La articulación obligó a cada sector a elaborar procesos y procedimientos sobre la marcha para atender las necesidades de la población. Fue la población más vulnerable quien padeció más.
Esta experiencia llevó a entender que la pobreza es causada por la exclusión social a lo largo de la vida de las personas. Y la exclusión se visibiliza en múltiples privaciones que ponen en riesgo la vida de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, gestantes, personas de talla baja, entre otras poblaciones, cuyas condiciones de vida son extremas porque no disfrutan del ejercicio de todos sus derechos. Estas privaciones se cimentan en las barreras para el acceso a la salud, educación, identidad, servicios integrales, protección social, vida libre de violencia, acceso al trabajo digno y conectividad, entre otras.
Este enfoque se basa en el enfoque social de la discapacidad que sostiene que la situación del entorno es lo que debe cambiar para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos en igualdad de oportunidades como los demás ciudadanos.
En esta lógica, la superación de la pobreza implica generar condiciones para el acceso a los servicios públicos y el desarrollo de capacidades para incrementar la inserción de las personas en el mercado laboral con condiciones dignas. Ambas condiciones contribuirían a erradicar la exclusión social y por ende la pobreza.
Entonces, la pobreza tiene un rostro multidimensional y su abordaje debe ser “sistémico”, es decir a nivel de las personas, familias y comunidades con la conjunción de todos los sectores del Estado con políticas transversales que sumen a la creación de indicadores que puedan medir la Pobreza Multidimensional. Significa que los ministerios deben tener coordinaciones y un trabajo concertado para que los fondos públicos atiendan los problemas de los ciudadanos mediante programas, proyectos y servicios que reduzcan la exclusión social. Este enfoque incluye la extensión de redes de trabajo que incorpore a instituciones privadas, la cooperación internacional, la iglesia y la sociedad civil.
De otro lado, la Promoción de la Salud, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una vía que contribuiría a generar bienestar en las personas y por ende eliminaría las brechas de la exclusión.
Pero, hay temas muy sensibles que claman cambios. Un ejemplo claro es la protección a poblaciones en condición de vulnerabilidad: adultos mayores frágiles viviendo en la vía pública; niños en situación de explotación sexual comercial; personas con discapacidad sin oportunidades laborales; gestantes sin servicios alimentarios complementarios; madres adolescentes sin concretar sus estudios escolares; entre otros.
En este sentido, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 y la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 representan el inicio de un esfuerzo que ahora debería manifestarse en una articulación entre los Ministerios de la Inclusión Social y de la Mujer junto a los demás ministerios para que se definan servicios por cada sector que atiendan a las poblaciones más necesitadas de oportunidades en el país. Pero, ciertamente una mayor eficacia y eficiencia implicaría revisar el modelo de desarrollo humano de ambas instituciones para crear un único modelo que sea el paradigma del desarrollo. De esta forma, un único modelo implicaría un único ministerio con un Plan de Desarrollo Humano que contribuya al bienestar como a la mejora de la calidad de vida de los más necesitados.
Este sería un gran reto. La carrera profesional de la nueva ministra Fanny Montellanos Carbajal ha sobrevivido a diversos gobiernos y aportado soluciones en momentos difíciles para el país. Justamente ese “expertise” es la promesa por una articulación efectiva que logre la concertación, ante diferentes criterios, que no necesariamente responden a las necesidades de las personas. De otro lado, existe un miedo en el sector público, -sobre todo a nivel de los técnicos-, a proponer cambios, si no hay indicadores, mediciones o una experiencia previa que valide la propuesta. Si bien la evidencia ayuda a tomar decisiones que sustenten los presupuestos por resultados, no siempre una buena práctica de gestión pública cuenta con las mismas para respaldarse, porque se crean e implementan para dar respuesta efectiva a las apremiantes necesidades de las personas.
El reto para la nueva ministra es arduo, pero confiamos que ha llegado a ubicarse en el lugar que le permitirá ejercer su cargo con fe e integridad por el bien de los más pobres del Perú.
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