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Nelson Shack: La Contraloría se ha transformado sustancialmente en cinco años

Al cierre de este año se espera una cobertura de control del 90% de las entidades públicas.



El contralor general Nelson Shack, destacó la transformación de la Contraloría General de la República desarrollada en los últimos cinco años en el webinario denominado “La Reforma del Control Gubernamental, balance y perspectivas al quinquenio de su implementación (2018-2022)”. En este evento virtual brindó los principales resultados de la implementación de esta reforma en la entidad que dirige y planteó los nuevos retos institucionales hacia el 2024.


“Durante este quinquenio de la reforma que empezó en el 2018 con la Ley 30742 hasta diciembre de 2022, la Contraloría se ha transformado sustancialmente. En el 2017 se producían alrededor de 14 300 informes de control y el año pasado producimos 42 000. Antes controlábamos en el 29% de entidades públicas, ahora esa cifra ha crecido a 44%”, sostuvo.


Señaló que dicha reforma se había planteado en un programa de trabajo de cuatro años y se esperaba que, en el 2021, al cumplirse el Bicentenario de la Independencia, el Perú tendría un sistema de control moderno, eficiente, capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción y la inconducta funcional, además de proponer mejoras en la administración pública, sin embargo, estos plazos de alargaron por la pandemia generada por la COVID-19.


Mencionó, además, que el enfoque de la Contraloría siempre ha sido posterior, de carácter punitivo o sancionador, pero con la reforma se ha enfatizado en el tema preventivo con el control concurrente, el cual permite el acompañamiento de los auditores en la ejecución de obras y servicios durante todo el proceso. No obstante, indicó que se ha continuado con los servicios de control posterior. Solamente en el año 2022 se identificó a 8730 funcionarios con presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativa.


De otro lado, el contralor resaltó las acciones emprendidas por la Contraloría para promover el control social y fortalecer así la participación ciudadana a través de las audiencias públicas, los auditores juveniles y los monitores ciudadanos de control, cuyo programa de voluntariado ha sido reconocido con diferentes premios. También destacó la participación de adultos mayores en el programa de Mentores de Control Social.


Desafíos de la reforma del control gubernamental

Durante su exposición en el webinario el contralor general señaló diez desafíos de dicha reforma, y destacó la activación de la facultad sancionadora de la Contraloría. “En el 2022 se ha podido poner en operación el procedimiento administrativo sancionador, ante la restitución del PAS. Al cierre del año pasado había casi 40 funcionarios inhabilitados de la función pública. Esperamos procesar este año a 2700 nuevos funcionarios comprendidos con responsabilidad administrativa funcional. De esa manera, se va a reducir la sensación de impunidad (…) La idea es tener un sistema de sanción célere, predecible y justo”, manifestó.

Otro elemento clave es la ampliación del control concurrente para que a lo largo del proceso de contratación de bienes o servicios se alerte de manera oportuna alguna situación adversa y el gestor público pueda corregirlo.

También dijo que, como parte de la reforma, la Contraloría ya implementó 349 Órganos de Control Institucional (OCI) en todo el país, de un total de 738 y hacia el final de este año se incorporará a los OCI de las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos autónomos y otras entidades públicas.

Asimismo, se enfatizará en la implementación integral del Sistema de Control Interno a cargo de las entidades públicas en el Estado, ya que “gran parte de los problemas de corrupción es por el precario desempeño del control interno, por eso se han hecho esfuerzos para fortalecerlo”.


El contralor mencionó como desafíos la focalización del control a los procesos misionales de las entidades, el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Control, para asegurar la calidad de las intervenciones y gestión antisoborno, articulación en el ecosistema de control y lograr una Ley de Carrera del Auditor Gubernamental.

En otro momento de sus reflexiones, Shack Yalta resaltó que la Contraloría General ha sentado un precedente en toda América Latina al medir la corrupción no como un estudio de percepción, sino con datos. De esta manera, con una nueva metodología se ha medido el tamaño de la corrupción en el país, incluso se ha establecido un ranking de entidades, que se refleja en el Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional.

Finalmente, propuso algunas perspectivas al 2024 como una siguiente fase de la reforma del control gubernamental. “Es bueno que se repiense los mecanismos de elección y las competencias del contralor. Es importante que el contralor haga los informes de control y tenga mecanismos para investigar determinados tipos de casos directamente y aprovechar mejor estas nuevas facultades, como el acceso de información reservada y clasificada o levantar el secreto bancario y bursátil”, indicó la autoridad.

En esa misma línea, señaló que con el crecimiento de la Contraloría General que ahora tiene una gran presencia nacional y “el esfuerzo es casi el doble de lo que teníamos hace un quinquenio”, ahora es necesaria una reforma para descentralizar la operación administrativa de esta institución en macrorregiones para que los procesos de toma de decisiones sean más ágiles.


Ponentes

En este evento virtual también participaron destacados panelistas quienes comentaron y expusieron sus puntos de vista sobre la disertación del contralor general quien hizo un balance de la Reforma del Control Gubernamental.

El presidente de la OLACEFS y contralor general de la República de Paraguay, Camilo Benítez, resaltó los resultados de la reforma de control gubernamental y calificó de innovación peruana el control concurrente, pues ahora este mecanismo de control está incluido en el plan estratégico de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Manifestó además que “el uso de Bigdata, analítica e inteligencia artificial para poder alertar las anomalías en tiempo real, es el camino a seguir por las entidades fiscalizadoras superiores si es que pretenden reducir el mal gasto público.” Benitez, apostó por el desafío de insistir por leyes para regular el financiamiento político, a fin de que las entidades fiscalizadoras superiores puedan controlar efectivamente la procedencia del dinero que financian las candidaturas.

En tanto, la especialista en gestión pública y ex ministra de Producción, Elena Conterno, señaló que “la reforma en el tema de incentivos para las personas que trabajan con integridad y el combate a la impunidad, son dos ejes que pueden trabajarse en conjunto en la lucha contra la corrupción”.

Finalmente, el sociólogo y politólogo, Carlos Meléndez, destacó el trabajo y el esfuerzo que viene realizando la contraloría general con la reforma del sistema nacional de control, y en ese sentido, afirmó que “la lucha contra la corrupción es un puente entre el desarrollo del estado y la democracia”. Sostuvo además que "en el Perú la propia norma reguladora es materia de negociación y manipulación por los individuos de nuestra sociedad, por esta proclividad a quebrar la ley de manera informal, por ello, hay que pensar una reforma de control gubernamental para informar y frenar esta realidad".

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