Hace una semana, 12 de los 25 gobiernos regionales habían incumplido o fallado en la presentación de cuentas a la Contraloría General de la República. En vista de que la fecha límite estaba próxima y el problema persistía, la fecha se cambió para finales de mayo. Entre los informes requeridos figuran las declaraciones juradas de bienes de las autoridades e informes de la gestión.
Este tipo de irregularidades en los gobiernos regionales no debe sorprender a nadie. En la web del Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría 14 de los 25 gobiernos regionales tienen un índice de corrupción e inconducta funcional de más del 70%, entre ellas, 5 poseen más de 80% (Áncash, Piura, Junín, Puno y Loreto). Aquel índice mide básicamente dos variables: i) el mal uso del cargo para beneficio propio y abuso de poder; y ii) débil rendición de cuentas, negligencia y afectación al presupuesto público.
En los reportes del Estado cargados al visor GEOPERÚ es posible echar un vistazo a datos sobre la eficiencia de los gobiernos regionales. Cerca de 20 regiones poseen un presupuesto de más de 1000 millones de nuevos soles al año y de dicho presupuesto, casi todos los gobiernos regionales solo han ejecutado alrededor del 70% de lo asignado a inversiones públicas. Algunos llegan a 80, otros por debajo de 70, pero muchos figuran en el rango de 70-80%.
Si a toda esta información le agregamos datos sobre la presencia de anemia infantil, nivel educativo, delincuencia, pobreza de la población y los tantos escándalos que denuncian la presencia de mafias y organizaciones criminales al interior de los gobiernos regionales o la ineficiencia en la ejecución de inversiones públicas, podemos afirmar que estos son un fracaso. Dejando de lado los sueños de autonomía, los sentimientos regionalistas, el localismo y el ideal de forjar identidades para los peruanos, la regionalización, la descentralización y la autonomía para las ciudades fuera de Lima ha fracasado.
Una posible explicación para el auge de las mafias podría coincidir con lo que explica el sociólogo Francisco Durand. En su libro “Perú: Élites del Poder y Captura Política” Durand explica cómo dos eventos en la historia del Perú afectaron el rumbo natural de las dinámicas sociales en el interior del país. Pero vamos por partes. Tomemos en cuenta que una comunidad tiene, como toda organización social, algún tipo de jerarquía. En Perú, las regiones contaron tradicionalmente con un sector económicamente activo que ocupó la cúspide de la pirámide social durante muchas generaciones. Este sector articuló alrededor de sí mismo a diferentes grupos y familias de menor rango social que compartían intereses con ellas. También eran la conexión entre Lima y las regiones. De misma forma, el sector más poderoso de Lima servía de nexo entre el mudo y el resto del país. Los eventos que cercenaron la pirámide social a nivel regional fueron la Reforma Agraria de Velasco y el inicio del terrorismo en el Perú. Ambos acontecimientos obligaron a muchas familias a migrar hacia Lima, entre ellas, a las élites regionales. Al hacerlo, abandonaron las empresas e influencias que poseían en sus lugares de origen. La consecuencia fue: múltiples sociedades decapitadas en las que los sectores sociales menores compitieron por hacerse convertirse en la nueva élite regional. Si a ello le sumamos el caos de los años 90, el crecimiento económico y la informalidad, la competencia económica, nuevos medios de comunicación y los pobres controles gubernamentales en las décadas finales del siglo XX, tenemos el cóctel perfecto para presenciar lo que hoy vivimos: oportunistas y delincuentes compitiendo por el poder político.
Dada la situación actual del país, urge reducir la autonomía para las regiones. Urge retroceder en el proceso de descentralización. No romanticemos la autonomía cuando esta no es responsable ni lleva a buen puerto. El proceso de descentralización en Perú fue estrepitoso, apresurado y mal enfocado. Las funciones entre diferentes niveles de gobierno se solapan y, en ocasiones, son tan difusas que todos terminan teniendo potestad sobre algún asunto.
Mientras los mecanismos del Estado no sean capaces de competir con las mafias, identificarlas, desarticularlas, darles condenas efectivas y salvaguardar los intereses de la población, así como hacer cumplir con las metas del Estado, no puede haber descentralización. Sobre todo, porque descentralización equivale a una mayor libertad de acción sobre presupuestos multimillonarios. Los gobiernos regionales se han convertido en feudos antes que en canales de servicio.
Una posible solución sería la construcción de un Estado Digital. Un Estado Digital se caracteriza no solo por tener sus canales de servicio de manera virtual, sino por su capacidad de acción e interacción casi en tiempo real. Gracias a los avances en infotecnologías existen mecanismos que ayudan a obtener información del entorno en tiempo real (sensores e internet de las cosas), automatizar miles de procesos y operaciones de datos (machine learning), así como salvaguardar la data obtenida manteniendo la privacidad (blockchain). Estos mecanismos permitirían la integración de la información entre instituciones y el diálogo entre ciudadano y Estado.
Sin proyectos de digitalización de la información a todo nivel del Estado, la corrupción seguirá presente en los niveles actuales. Las mafias hallarán lugar para seguir accionando, de manera que, si la parte más eficiente del Estado peruano yace en Lima, ¿por qué no reducir la autonomía y migrar de la descentralización hacia la desconcentración? Que Lima dirija y las demás regiones adecuen a sus realidades las directrices de la capital. Es más fácil controlar subalternos a competir con aspirantes a señores feudales con facultades otorgadas por ley. Por eso digo: menos autonomía para las regiones y menos descentralización.
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