El alcalde Rafael López Aliaga apostará por la vía legal para resolver la controversia de los peajes en la ciudad.
Cuando Rafael López Aliaga postulaba para la Alcaldía de Lima e incluso para la Presidencia, una de sus propuestas más destacadas consistía en tomar medidas con respecto a los peajes administrados por Rutas de Lima, una concesionaria en la que Odebrecht y la compañía canadiense Brookfield tienen participación.
Sin embargo, en la actualidad y tras un período prolongado de manifestaciones de intención de intervención forzosa en la concesión, el enfoque ha evolucionado y se ha alejado de las promesas de campaña de abolir los cobros excesivos. En una declaración después de una actividad en el Congreso, expresó: "No voy a transgredir el marco legal (...). No voy a proceder con dureza".
López Aliaga compartió que presentó dos propuestas para abordar la situación. Primero, propuso trasladar los peajes de Puente Piedra a Ancón, sin embargo, esto no prosperó. Luego, ofreció una cantidad de dinero como parte de las conversaciones para su retiro.
Explicó: "Hicimos una propuesta de acuerdo con el flujo de tráfico. No puedo revelar la cantidad porque se trata de una negociación".
A pesar de las preguntas persistentes de los medios, el alcalde declinó proporcionar la cifra exacta. No obstante, insinuó que si no se llegaba a un acuerdo, consideraría otras opciones, incluyendo acciones legales a nivel nacional e internacional.
En respuesta a una interrogante sobre cómo procedería si la negociación falla nuevamente, mencionó la posibilidad de recurrir a instancias legales, tanto en el ámbito penal como constitucional, incluso explorar medidas internacionales.
En cuanto a la raíz del problema, la situación tiene su origen en un contrato firmado en enero de 2013 por Susana Villarán, durante su mandato, con la empresa brasileña Odebrecht para la administración de los peajes de Lima. Este acuerdo fue realizado sin la aprobación de los regidores que no compartían la visión de la alcaldesa.
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