En un comunicado conjunto, los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República del Perú y exhortaron a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
«Para el mundo no es novedad» – así el texto dado a conocer – «que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.»
Los cuatro gobiernos expresaron su llamado para que se priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas, es decir, que se reviertan las medidas que culminaron con la destitución del presidente electo democráticamente. La declaración finaliza con la solicitud de que se garanticen los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y su protección judicial.
Respuesta de Torre Tagle
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado, en el cual expresa que "las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre" generó la decisión del Congreso "de declarar su vacancia en el marco más estricto respeto a la Constitución Política del Perú". Además, Torre Tagle recordó que el exmandatario intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que "constituyen un golpe de Estado.
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